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Santiago T. Peredo | @SantiagoTPeredo
El Atlético de Madrid ha pasado de las palabras a los hechos. El club rojiblanco ha presentado este martes una denuncia formal ante la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contra el FC Barcelona por la presunta negociación con Julián Álvarez mientras el delantero continúa vinculado al conjunto colchonero mediante un contrato en periodo protegido.
De esta forma, la entidad presidida por Enrique Cerezo cumple el anuncio realizado hace una semana por su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, quien ya advirtió públicamente que el Atlético defendería sus intereses por la vía legal.
“Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”, afirmó entonces Gil Marín.
Una semana preparando la ofensiva jurídica
La denuncia no ha llegado de forma inmediata. Durante los últimos días, los servicios jurídicos del Atlético han trabajado en la recopilación de toda la documentación y los argumentos necesarios para sustentar el escrito presentado finalmente este martes ante los organismos competentes.
En el Metropolitano consideran que el Barcelona ha traspasado los límites establecidos por la normativa al mantener contactos para intentar incorporar a un futbolista que tiene contrato en vigor hasta 2030. Por ello, el club entiende que debía actuar para proteger sus derechos y marcar un precedente.
La postura del Atlético no cambia
Más allá del recorrido que pueda tener la denuncia, la posición del Atlético continúa siendo exactamente la misma. En las oficinas del Metropolitano no existe intención alguna de negociar el traspaso de Julián Álvarez al Barcelona, independientemente de las declaraciones realizadas recientemente por el propio delantero argentino sobre su deseo de cambiar de aires.
El mensaje interno sigue siendo contundente: el atacante no está en venta. La única vía para abandonar el club pasa por el pago íntegro de su cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros, una cifra completamente inasumible para cualquier operación de mercado.
Con esta denuncia, el Atlético eleva definitivamente el tono en un conflicto que ha ido creciendo durante las últimas semanas y deja claro que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para defender sus intereses y los derechos contractuales de uno de los futbolistas más importantes de su plantilla.
